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Carta de Principios - La Red Vida

Considerando el hecho de que:

• La existencia del agua es condición indispensable para la existencia de vida en la Tierra.
• La creciente escasez y contaminación de las cuencas de agua dulce están conduciendo a un desastre planetario.
• El acceso al agua potable es imprescindible para la vida y la salud del ser humano, por ello ha sido declaro derecho humano fundamental.
• El derecho al agua no es un patrimonio exclusivo de los seres humanos sino de la naturaleza en su conjunto.
• En cada región y localidad, el agua y la cultura de interacción con el agua conforman la calidad de vida y bienestar de las sociedad y su relación con la naturaleza.
• Las intervenciones en el ciclo naturales del agua tienen efectos en cadena que pueden condicionar o afectar gravemente el funcionamiento sistémico.
• El agua es móvil y reutilizable, pero la forma de usos del agua puede limitar, perjudicar e inviabilizar su reutilización.
• Las decisiones sobre la gestión del agua tienen efectos directos sobre la salud, el medio ambiente, la economía, la soberanía y la dignidad de los pueblos.
• Los procesos de privatización de los recursos hídricos y o servicios públicos de agua que están impulsando algunos gobiernos, organismos financieros internacionales y poderosas empresas transnacionales están limitando y limitarán el acceso a la población y la equidad en la distribución de este recurso.

La Red VIDA compromete su actuar en la siguiente Carta de Principios:

1. El derecho al agua es intrínseco al Derecho a la Vida, como se consigna en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. El agua no es una mercancía y ninguna persona o entidad tiene el derecho de enriquecerse con ella.

3. Un futuro con disponibilidad segura de agua depende del reconocimiento, respeto y protección de los derechos de las poblaciones indígenas y originarias que conservan y reproducen conocimientos tradicionales de conservación de fuentes, las poblaciones campesinas y pesqueras y sus conocimientos tradicionales.

4. Cualquier sistema político-institucional que limite o permita la exclusión de las personas al acceso al agua potable violenta los Derechos Humanos.

5. Rechazamos las políticas de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo que condicionan sus préstamos y cooperación a la privatización del agua.

6. El agua debe ser totalmente excluida de las negociaciones de la OMC, el ALCA y los TLC, y no debe ser considerada como materia de “bienes”, “servicios” o “inversiones” en ningún acuerdo internacional, regional o bilateral.

7. Un factor fundamental es el impulso de la lucha de resistencia contra la privatización del agua a nivel local, regional y mundial; así como la denuncia de todo acto que conlleve a la privatización del recurso y de los servicios públicos del agua.

8. El agua, las varias fases de su ciclo, las diversas formas de presencia y movimiento en la naturaleza, así como las infraestructuras construidas que permiten la interacción entre los seres humanos y el agua son parte integrante del territorio, cuya fisonomía, fertilidad y habitabilidad condicionan.

9. Para garantizar servicios públicos con calidad y equidad, la gestión de los recursos hídricos debe basarse en principios fundamentales como la justicia social, sustentabilidad, equidad de género y universalidad.

10. La gestión del agua es indisociable de la gestión del territorio, porque son interdependientes e interactivos. EL agua debe ser protegida de todas las actividades humanas contaminantes, especialmente de la minería y los procesos industriales. Es imperativa la protección de los sistemas ecológicos y el manejo integral del recurso.

11. La inequidad existente entre hombres y mujeres en el acceso, manejo y derechos en relación a los recursos hídricos y agua potable, exige desarrollar una política y prácticas que eliminen tales inequidades.

12. La mejor manera de garantizar el derecho humano al agua parte de que los gobiernos asuman públicamente el compromiso de garantizar este derecho. En este sentido los estados, a través de los gobiernos nacionales, regionales y municipales, son responsables de garantizar el acceso al agua con calidad y equidad, así como preservar este recurso de la contaminación. Forman parte de este derecho, el acceso de las personas a una cantidad suficiente de agua para uso personal y doméstico, que sea accesible económicamente y el acceso a la información concerniente a todos los asuntos relacionados con el agua por parte de la población y organizaciones de la sociedad civil.

13. El control ciudadano es central para la construcción de un modelo nuevo y alternativo de la gestión del agua. La gestión del agua debe involucrar la participación de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de campesinos, sindicatos, ambientalistas, consumidores, mujeres, indígenas, y otros.

 

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