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La guerra del agua

2012-10-09

Se cumple la predicción de la guerra por el agua. No me refiero a las protestas del 2000 en Cochabamba (Bolivia), ni a la disputa por el acuífero Guaraní entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Se da en la capital de Colombia, desde la empresa pública de acueducto, que ejerce control monopólico sobre el agua de la región, cuyo abastecimiento lo garantiza una concesión ilimitada en el tiempo para cerca de nueve millones de personas.

Es un pulso doble entre el gobierno distrital y la Nación, y frente al departamento y los municipios; el alcalde Gustavo Petro y el gerente del Acueducto saben que el agua es un instrumento de gestión ambiental con efectos económicos, de planificación, de acción política y eje fundamental del desarrollo territorial. Por eso la utilizan para imponer su visión sobre uso del suelo y el modelo de ciudad vertical. En vano, por cerca de diez años, clamé desde el Congreso por reglas de juego para la negociación del agua en bloque, que paradójicamente ha beneficiado a la Empresa de Acueducto de Bogotá, porque le permite usar su capacidad instalada, que es superior a la demanda, imponiendo precios que, sumados a los costos administrativos en cada municipio, han dejado a sus habitantes con las tarifas más altas del país.

Tiene razón Petro en exigir a la CAR seriedad en el control de la contaminación y en reclamar el desarrollo ordenado de la región, que desconoce el interés ecológico nacional de la sabana. También el gobernador Cruz y los alcaldes, al exigir respeto por la autonomía local y acceso al agua para los habitantes de Cundinamarca, por ser una necesidad humana y por tener en su territorio las fuentes de abastecimiento. Les asisten argumentos a los empresarios que han realizado inversiones, a pesar de las confusas normas vigentes, que no pueden ser modificadas cuando están en ejecución proyectos de construcción de unidades de vivienda. Los habitantes de Bogotá y Cundinamarca tienen derecho a ser beneficiados con los programas de vivienda social del Gobierno Nacional, razón por la que, como plantea Katherine Daniello, se requiere una gestión participativa para la gobernabilidad del agua.

La llamada a implementar un modelo de gobernanza como estrategia destinada a garantizar la legitimidad de las instituciones dentro de un proceso de concertación sin imposición de la autoridad es la consejera para Bogotá y la región.

Gina Parody reúne las cualidades y el respaldo para convocar a los niveles de gobierno que tienen interdependencia vertical y horizontal en la región, y a los actores económicos y sociales involucrados, para que se definan temas pendientes, como la conveniencia de parar las construcciones, el compromiso de los municipios para definir áreas ambientales inmodificables; la garantía de la empresa privada de descontaminar el agua que usa; la asignación de recursos para el tratamiento del río Bogotá, que debe hacer la EAAB, pues la cuenca baja también tiene derecho al uso del agua.

El Gobierno Nacional podría acomodar la inversión en vivienda social al modelo que plantea Bogotá sin ignorar los proyectos en Cundinamarca, y entregar a la Gobernación de Cundinamarca regalías para cofinanciar la construcción de sistemas de tratamiento de aguas.

Este es el escenario que permitirá medir si, a pesar de las diferencias ideológicas y de la burocracia estatal, los dirigentes le apuntan a la modernidad.

Queda en la agenda de mediano plazo tramitar la ley del agua y regular la figura del agua en bloque, para que no vaya a ser en el futuro excusa de nuevas confrontaciones violentas.

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