El abuso y la arbitrariedad no pueden ser permanentes, por cuanto esas actitudes traen consigo reacciones lógicas de rechazo y de repudio, obligando a las víctimas a adoptar otras medidas en defensa de su dignidad o de su propiedad.

Eso sucede con Chile y Bolivia, lamentablemente, no por falta de voluntad boliviana a implantar el diálogo y el consenso para la solución de su demanda marítima, sino por la obcecación de los gobernantes del vecino país, que han preferido cerrarse a cualquier posibilidad para que nuestra Nación tenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico, parte del cual nos despojaron en una invasión y guerra injusta en 1879.

A eso se suma la arbitraria explotación del agua de los afluentes del Silala en Potosí, en la frontera, las mismas que fluyen hacia el norte chileno por obras de mampostería, que en principio de utilizaban para el ferrocarril anglo chileno, de acuerdo a un contrato con la Prefectura departamental, pero que después fueron inconsultamente utilizadas para abastecer de ese líquido elemento a empresas y poblaciones.

Se ha demostrado claramente que ese curso de agua artificial no constituye un "río internacional de curso sucesivo", pero La Moneda insiste en que es así y, hasta ahora, desde 1908, prosigue con el abuso y la usurpación, por cuanto no permite que Bolivia aproveche las mismas, ni arriba a un compromiso para la cancelación por su uso a las autoridades nacionales.

Han sido extensos y exhaustivos los estudios sobre el lugar en el que se generan las aguas, que son bofedales, habiéndose establecido la propiedad y soberanía bolivianas sobre las mismas, pese a que en ese trabajo también estuvieron técnicos del país trasandino, que no han tenido la capacidad y menos la voluntad de reconocer que el reclamo boliviano se asienta en la verdad y en la comprobación fehaciente de la misma en el terreno.

Ahora, cuando en Potosí se anuncia que se han diseñado cuatro proyectos para la utilización de esas aguas y el corte parcial de las mismas en su flujo a territorio vecino, viene la alarma del gobierno mapochino, el que a través de su Cancillería insta a su Consulado en La Paz pida a nuestra Cancillería antecedentes respecto de la construcción de una planta piscícola en la parte boliviana de la cuenca del río Silala (...)" y fundamenta su postura en "los legítimos derechos que le corresponden como soberano en el curso inferior del río Silala, de conformidad con el derecho internacional".

Como no podía ser de otra manera sostiene aún la peregrina definición de "río internacional" y que tuviera derecho sobre parte del mismo, el que sí lo detenta por esa ya acostumbrada prepotencia y arbitrariedad que le respalda la fuerza de las armas y no de la razón, como ha sucedido en 1879 y en este tiempo.

Pero, lamentablemente, este tema debe ser tratado con mucho cuidado y dentro de las normas diplomáticas, considerando que el mismo ha pasado de un contrato privado, que se extinguió oportunamente, a convertirse en problema de Estado, tal como lo planteó el Mapocho cuando se trató de cobrar a las empresas chilenas por el consumo de esas aguas.

Un corte o cualquier otra actitud podría ser calificada como provocativa por La Moneda, a lo que se sumaría la posición dura del Gobierno nacional en los foros internacionales respecto al derecho nacional de recuperar su calidad y cualidad marítimas.

 
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